La voz del campo: ¿Cómo se definen las líneas de investigación del INTA y qué es la cartera de proyectos 2025?

El campo es múltiple y heterogéneo. Tiene tantas perspectivas y aristas como productores y tipos de producción hay en nuestro país. Por ese motivo, desde la columna «La voz del campo» decidimos correr el foco y demostrar que cuando se habla de campo no solo se habla de exportaciones, sino también de investigación y de cómo ésta impacta en nuestra realidad (incluso hasta en la lucha contra el coronavirus). Sergio Melgarejo, representante de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en el Consejo Directivo del INTA, explicó cómo se definen las líneas de investigación del instituto y también hizo alusión a la regulación del uso de fitosanitarios.

El INTA es un ente autárquico independiente del Estado. El Consejo Directivo del INTA es un cuerpo colegiado formado por 10 miembros y es el lugar donde se toman todas las decisiones. Todo lo que pasa por INTA se decide ahí y luego se aplica. Está formado por 5 representantes del sector público y 5 del sector privado. Dentro de ese cuerpo colegiado, 3 cargos son políticos: el presidente, el vicepresidente y el representante de Ministerio de Agricultura de la Nación. También hay un representante por todas las facultades de Agronomía del país y un representante por todas las facultades de Veterinaria. Los 5 integrantes del sector privado son: el representante de CRA, el de Sociedad Rural Argentina, el de Coninagro, el de FAA y el de los grupos CREA.

En el Consejo Directivo del INTA, Sergio Melgarejo representa a aproximadamente 130.000 productores de toda la Argentina. «Llevar las incumbencias de todos estos productores que están dispersos por el país y poder plantearlos en una mesa de toma de decisiones es algo muy importante para nosotros. La verdad es que la realidad del interior y de cada productor es muy heterogénea: podés encontrar un productor sojero en la pampa húmeda que hace 70.000 hectárea de soja, un tipo que tiene 3 cabras en la Puna, o un productor en Río Gallegos que está acobardado porque los guanacos le comen el pasto para las ovejas. Hay una gran variedad de demandas», aseguró.

Líneas de investigación

Una de las tareas fundamentales que lleva a cabo el Consejo Directivo del INTA es definir las líneas de investigación que va a encarar el instituto en el mediano y largo plazo.

«Dentro del INTA presentamos el año pasado lo que se llama la nueva cartera de proyectos que incluyen todas las líneas investigativas. Nosotros hicimos un relevamiento de alrededor de 2 o 3 años donde lo que hicimos fue escuchar la demanda de los productores, es decir en qué les interesaría que trabajemos en cada una de las zonas. Esto lo replicamos en todo el país. A partir de 400 o 500 líneas de investigación armamos la cartera de proyectos con 10 ejes principales y dentro de cada eje hay 10 líneas de trabajo», explicó Melgarejo.

«Este año empezamos a hacer algunas cosas, pero por la pandemia se retrasó un poco. Nos sirvió mucho para organizarlo y poder darle el presupuesto que corresponde a cada línea de investigación. Dentro de estos 10 ejes tenemos desde Medio Ambiente hasta Valor Agregado, desde Producción Animal a Producción Vegetal, desde la Agricultura Familiar a la parte Forestal. El relevamiento de todo el país está plasmado en ese documento, que se llama ‘Cartera de proyectos 2025’. Para el 25 ya tenemos que tener los resultados de este trabajo previo», detalló.

En el INTA predomina el pensamiento prospectivo, es decir a futuro, a mediano y largo plazo. Eso implica que siempre se le dan continuidad a las líneas de investigación plasmadas por el Consejo Directivo, por más que sus autoridades vigentes sean distintas a las que diseñaron dichos proyectos de investigación. «El año pasado coincidió el cambio de autoridades -ingresó la nueva presidente que es Susana Mirassou- con el cambio de cartera. No es que se cambiaron los proyectos por otros, sino que se terminó la cartera de proyectos y arrancamos por la otra. Siempre se le da continuidad a lo que está escrito por el Consejo Directivo», subrayó Melgarejo.

El INTA y una gran tarea en la lucha contra el coronavirus

«En esta pandemia adaptamos 8 de los laboratorios que tenemos en el INTA Castelar, que es un polo tecnológico, para hacer diagnóstico de COVID. Si bien son laboratorios de producción animal, con pequeñas cosas pudimos adaptarlas al COVID e hicimos cerca de un millón de muestras. Es más, el INTA sacó unos anticuerpos monoclonales que van a estar a principios del año que viene. Actúan muy bien para contrarrestar el COVID. Están hechos a partir de células de llamas y de yemas de huevo. Algo muy interesante que no compite con la vacuna. Funciona muy bien como preventivo para bajar la carga viral. Ya está medido y comprobado y está en trámite de patente. Es muy amplio lo que se hace en INTA. Por eso tenemos 53 experimentales distribuidas en el país, más de 280 agencias de información técnica, más 5 centros de investigaciones y casi 7.000 personas trabajando», describió.

Agroquímicos

Melgarejo tiene una vasta trayectoria como asesor técnico en aplicación de fitosanitarios aéreos y terrestres. También colaboró en la elaboración de ordenanzas municipales para la organización de aplicaciones de fitosanitarios en zonas urbanas y periurbanas de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, su mirada sobre esas ordenanzas municipales es crítica.

«Estamos trabajando mucho y teniendo muchos problemas dentro de INTA como institución. En Pergamino tenemos una cautelar. La Experimental de Pergamino queda muy cerca de la ciudad y hay una cautelar que nos impide seguir con los ensayos por esta presión que ejercen los ambientalistas. Lo importante es informar que lo que hacemos nosotros no está mal; al contrario, somos profesionales, nos dedicamos a esto y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Simplemente trato de mostrar que lo que hacemos está bien, que no es perjudicial, que es sustentable, sostenible y que conviene para todos que sea rentable. Con las regulaciones municipales no estoy de acuerdo. Me ha tocado colaborar con muchas ordenanzas, aconsejando en algunas cuestiones. Pero los municipios no están habilitados para legislar sobre fitosanitarios. Hay una ley provincial que es la 10.699 y que, les guste o no, dice cómo se tienen que hacer las cosas. Tiene 30 años la ley y hay que acomodarla para lo que se viene, pero hoy por hoy no hay un vacío legal. Todo lo contrario: hay una ley que sigue vigente. Tanto el Ministerio como el SENASA son los que entienden en sanidad animal y sanidad vegetal en Provincia. Una ley está por encima de todas las regulaciones municipales. Partiendo de ahí, las más de 70 ordenanzas municipales que están redactadas no tienen sentido que existan. Sé que hay mucha presión de parte de los ambientalistas y eso hace que los municipios tomen este tipo de medidas. Sé que hay ordenanzas que son más restrictivas que la propia ley vigente y eso no está permitido. No creo en las ordenanzas. Sí creo en la ley, en las buenas prácticas, en el profesionalismo de los ingenieros agrónomos que se dedican a esto, en el profesionalismo de los aplicadores de fitosanitarios y creo muchísimo en el sentido común de la gente», expresó.

«En mi pueblo te paras en un banco de la plaza y a 4 cuadras ves un lote de trigo. Si impones una restricción de 1500 metros para fumigar hay gente que pierde su campo. Tiene que prevalecer el sentido común. En ese tipo de lugares hay que hacer aplicaciones más controladas, con un técnico presente. Hay muchas cosas que resuelven el problema, no solamente prohibir. En este país somos fanáticos de prohibir y yo no comparto esa idea. Hace 12 años que trabajo como representantes de CARBAP en todas las comisiones que tienen que ver con las aplicaciones en Provincia de Buenos Aires y no nos podemos poner de acuerdo. Es un tema complicado porque estamos caminando en una línea muy delgada que va entre lo tecnológico y lo ideológico, y las dos cosas juntas no se llevan bien porque a lo ideológico no lo cambias con lo tecnológico», concluyó.

Para escuchar la nota completa hacer click aquí:

*Sergio Melgarejo, Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía -Universidad Nacional del Centro de la Provincia Buenos Aires. Productor agropecuario, asesor técnico y privado. Presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano desde el 2005. Miembro del Consejo de CARBAP desde 2005. Colaborador en la Reforma del Decreto 499/91 de la Ley 10.699 de Agroquímicos de la Provincia DE Buenos Aires en representación de CARBAP. Desde el año 2018 representante Confederaciones Rurales Argentina en el Consejo Directivo Nacional de INTA.

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