La Voz del Campo: Derecho a las exportaciones, el impuesto que le quita al campo y a la ciudad

Un estudio, medido en un caso testigo de cuatro departamentos de la provincia de Córdoba, revela pérdidas millonarias que se extrapolan a toda la región productiva y que perjudican a los pueblos del interior. ¿Cómo se podría invertir con los recursos que se van de las regiones? Empleos, hospitales, escuelas e industrias. Si bien el impuesto lo pagan los productores de manera directa, termina perjudicando a toda la comunidad. Desarrollo del país y gasto público, los dos debates que es necesario dar. 

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y la Fundación Instituto de Investigación de la CEEA Regional Córdoba realizaron un estudio que muestra que con un año de impuestos a las exportaciones de una región se podrían generar inversiones que darían trabajo a 15.700 familias. Este dato fue medido a partir de un caso testigo de cuatro departamentos de Córdoba (Río Cuarto, Marcos Juárez, Tercero Arriba y San Martín) y haciendo foco en los derechos a las exportaciones de los cuatro principales cultivos de esa zona (soja, maíz, trigo y maní), pero es aplicable a otras regiones agroproductivas del país. En otras palabras, el informe demuestra los recursos que se van del interior productivo y no vuelven, obstaculizando el desarrollo de estas comunidades y perjudicando su calidad de vida.

Para ello, desde La Voz del Campo dialogamos con David Miazzo, economista jefe de FADA.

«Lo primero que hicimos fue estimar cuál era el aporte de derechos a las exportaciones de estos cuatro departamentos que anualmente es de 1.160.000.000 de dólares. Estamos hablando de más de 100.000.000.000 de pesos por año. El derecho a las exportaciones es un impuesto nacional no coparticipable, es decir que no se reparte de manera directa desde la Nación a las provincias y desde las provincias a los municipios. Para estas regiones productivas, como son estos departamentos de Córdoba pero como también es General Villegas, ese dinero que se va no vuelve de manera automática», explicó Miazzo.

El estudio se focalizó en hacer comparaciones que perseguían dos objetivos: en primer lugar dimensionar el enorme volumen de recursos que se va de las zonas productivas, y en segundo lugar dejar en claro cómo afecta eso a la población del interior del país (no solamente al campo, sino a la comunidad en general).

«Una de estas comparaciones fueron las inversiones agroindustriales: Nos preguntamos qué inversiones podrían hacerse con un año de derechos a las exportaciones de estas regiones. La respuesta fue: 4 plantas de bioetanol, 16 plantas eléctricas a partir de biogas, 48 granjas de cerdos de 1.000 madres cada una, 4 frigoríficos de cerdos para la producción de esas granjas, 8 molinos harineros, 4 frigoríficos de bovinos de 100.000 cabezas anuales para exportación. A su vez, todas esas inversiones agroindustriales podrían generar 15.700 puestos de trabajo directos e indirectos. Todo eso con solo un año de derechos a las exportaciones», detalló el economista.

¿Y en salud?

«Comparamos el aporte de estos departamentos con sus hospitales regionales y provinciales mas importantes. En el caso de Río Cuarto lo comparamos con el Hospital Regional y equivale a 33 veces el presupuesto anual que tiene un Hospital de gran complejidad. En el caso de Marcos Juárez con el hospital provincial y equivale a 97 veces. En el caso de Río Tercero equivale a 57 veces. Y en el caso de Villa María equivale a 16 veces el Hospital Pasteur. Estas comparaciones sirven para ayudar a tomar dimensión de la cantidad de dinero que sale de estas regiones y que no vuelve. No se convierte en mayor actividad económica, ni inversión, ni empleos», señaló Miazzo.

Teniendo en cuenta todo lo que se podría hacer solamente con el aporte de un año si ese dinero no se fuera de las comunidades, entonces el derecho a las exportaciones no es solamente un problema del sector rural sino que impacta directamente en las comunidades…

David Miazzo: Con los derechos a las exportaciones no solo pierde el productor agropecuario que es quien en sí lo paga, sino que pierden todos los pueblos y ciudades del interior productivo: como el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis o Córdoba. Pierden todos estos pueblos y ciudades porque esos recursos no ingresan a esa región, no se convierten en comercio, en industria, en construcción, en inversión, en empleo. Si bien lo paga de manera directa el productor agropecuario, afecta a la actividad económica, al crecimiento y al desarrollo de todas estas localidades.

Esto nos lleva a discutir la cuestión del desarrollo del país. Si estos recursos quedaran en el interior productivo, estos pueblos y ciudades tendrían más oportunidades de trabajo, más oportunidades de desarrollo, los jóvenes no tendrían que irse a las grandes ciudades a buscar oportunidades y podríamos empezar a pensar en un desarrollo de país más equilibrado y no el desarrollo macrocefálico que tenemos con la gran concentración de población alrededor de la cuidad de Buenos Aires.

¿Cuál es tu opinión acerca de este impuesto? ¿Es algo que habría que sacar inmediatamente? ¿Se debería hacer de manera progresiva? ¿No se corre riesgo de desfinanciar al país?

DM: Es algo que habría que sacar. Se entiende que el impacto de sacarlo de manera inmediata sería complejo, por lo tanto se podría pensar en una baja gradual que lleve 10 años. Lo importante es que se entienda que el sendero es de baja.

Los derechos a las exportaciones no existen en casi todo el mundo. Hay muy pocos países que tienen: Rusia y Kazajistán lo tienen por exportaciones petroleras y gasíferas; y también lo tienen países insignificantes en la geografía económica mundial, como las Islas Salomón o Papúa Nueva Guinea. Después el resto de los países como Uruguay, Paraguay, Brasil, Estadios Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no tienen este impuesto. Es decir que los países pueden crecer y desarrollarse sin los derechos a las exportaciones. Estamos muy ensimismados en la discusión de si se puede o no se puede, y por ahí está bueno levantar la vista y ver qué están haciendo el resto de los países para entender si lo que estamos haciendo nosotros es normal o no.

En cuanto a desfinanciar al Estado es algo que se plantea muy seguido. Aquí está la discusión del gasto público. Argentina tiene un gasto público que no se puede financiar. Tenemos una alta presión tributaria que frena la actividad, no solo del sector agropecuario sino de cualquier actividad productiva. Basta con preguntarle a cualquier PyME industrial o comercial para darse cuenta cómo los impuestos agobian por todos lados. Y esa cantidad de impuesto ni siquiera alcanza porque tenemos que imprimir dinero para cubrir el déficit público y esa impresión después se convierte en inflación y devaluación. Una gran discusión que se debe la Argentina es acerca del nivel del gasto público, porque deberíamos tener un gasto público que sea genuinamente financiable. Por un lado que sea financiable de manera genuina; y por otro lado discutir la calidad del gasto público. Hoy tenemos una presión tributaria altísima más emisión monetaria, con todo lo que eso genera, y el que puede se va a la salud privada, el que puede se va a la educación privada y el que puede se va a la seguridad privada, tres servicios básicos que debería brindar el Estado. Hay que discutir el nivel del gasto público y la calidad del gasto público para que esto se traduzca en mejoras de la calidad de vida.

David Miazzo es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). FADA es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas. Sus estudios apuntan a impulsar el desarrollo de nuestro país para mejorar la vida de las personas.

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